SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1063/2002-R

En la demanda presentada el 9 de agosto de 2002 (fs. 4), el recurrente expresa que a requerimiento de la Fiscal recurrida, se presentó en la Policía Técnica Judicial (PTJ), en una audiencia de conciliación, en la que sorpresivamente se dispuso su detención bajo amenaza de ser remitido ante un Juez Cautelar y de ahí, a la cárcel.

Indica que es denunciante de los delitos de estelionato y abuso de confianza, habiéndose abierto el caso 0202909, en el que la Fiscal requirió se realicen las investigaciones, bajo cuya orden, el funcionario co-recurrido secuestró su bus en la parada de vehículos a Patacamaya, conduciéndolo de un garaje a su domicilio,  donde le entregó el motorizado para luego dirigirse a la citada localidad a constatar “bajo qué nombre estaba trabajando el bus”.

Sostiene que firmó un documento de entrega del bus con cláusulas claras sobre la forma de pago a favor de Luis Márquez Arias, documento que fue incumplido, y pasado el término convenido, Juan Ticonipa había vendido el vehículo a Máximo Valdéz, sin contar con documentos de propiedad, solamente como detentador, cuando el actual propietario es el recurrente, por lo cual ignora los motivos por los que la Fiscal trata de obligarle a entregar el bus a uno de los compradores y que se quede esperando el pago con las garantías de una casa y un terreno como forma de conciliación, a la que no está dispuesto.