SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1110/2002 - R

          El recurrente acusa la vulneración de las garantías previstas en los  arts. 9, 29, 32 y 33 CPE, manifestando que los recurridos al resolver dos apelaciones planteadas tanto por los ejecutados en un proceso ejecutivo como por los propietarios del bien inmueble, han modificado los citados artículos al establecer que el Juez de la causa debió imponer una base tope para el remate, de lo que se presume que se pretendió aplicar la Ley 2297 que modifica el art. 42 LAPCAF en forma retroactiva. Que además de ello, han interpretado que debieron existir dos postores y no uno, cuando han existido miles de procesos donde sólo ha participado un postor en las subastas y remates dentro de procesos judiciales.