SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1442/2003-R

En ejecución de sentencia (dentro de un proceso cuya naturaleza y partes no se señala) el juez de la causa recurrido dispuso el embargo de bienes hasta la suma de SU$200.000.- (doscientos mil dólares americanos) y no  obstante de ello, se embargó un terreno ubicado en la UV 186 -entre otros- cuyo peritaje que se efectuó en una oficina  se lo hizo sobre inexistentes 16 has. y un supuesto valor de SU$630.500.- (seiscientos treinta mil quinientos dólares americanos), cuando la extensión es de sólo 10 Has. de acuerdo a otro peritaje por ellos acompañado. Es así que pidieron que se efectúe otro nuevo peritaje conforme a ley, aclarando inclusive que el perito admitió que su trabajo lo hizo sobre la base del ex-Plan Regulador y de una solicitud efectuada en 1991,  pero si se le proporciona los nuevos planos procederá a la verificación física del terreno.

Añaden que el juez, pese a conocer esta anormalidad procedió a señalar audiencia de remate no obstante de que existe otro inmueble embargado de un supuesto valor de SU$495.600.- (cuatrocientos noventa y cinco mil seiscientos dólares americanos) que puede cubrir la deuda. Pues el aviso de remate ordenado por el recurrido  por el que se pretende transferir 16 Has. de terreno cuando en realidad sólo son 10 Has, es violatorio a las garantías  constitucionales y al debido proceso, por cuanto los jueces y tribunales tienen el deber de cuidar que el proceso se desarrolle  sin vicios de nulidad, más aún ante el conocimiento de un peritaje ilegal  y a pesar de ello  no conminar al profesional designado efectué otro legal, desconociendo las garantías e igualdad jurídica.