SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1661/2003-R

En la demanda presentada el 1 de octubre de 2003 (fs. 84 a 87) el recurrente manifiesta que el 7 de febrero, a consecuencia de la muerte de Miguel Ángel Fernández Castillo, acaecida el 20 de enero de 2003, se formuló denuncia en su contra y, después de la investigación preliminar se le imputó formalmente el delito de asesinato, habiendo sido recluido preventivamente en el penal de Tupiza, en esas condiciones no tuvo acceso a los actos investigativos ni fue informado de ellos, vulnerando el debido proceso y; transcurrido mas de seis meses no se presentó el requerimiento acusatorio o acusación fiscal, cual consta de la representación expedida por actuaría del Juzgado Mixto liquidador.

Por otra, la Fiscal ha pretendido ampliar la imputación en su contra por el delito de robo agravado y contra Leonel Chambi Cruz, por el delito de estafa, lo que ha sido rechazado por la Corte Superior de Justicia, ante apelación interpuesta por la Fiscal recurrida y, cumplido el plazo de los seis meses, el 11 de agosto de 2003 solicitó la extinción de la acción penal, reiterado su pedido el 30 de agosto, a lo que el Juez Instructor no se pronunció, incumpliendo con sus funciones y deberes de Juez de Garantías Constitucionales, correspondiendo conminar al Fiscal de Distrito para que en el plazo de cinco días presente el requerimiento conclusivo, caso contrario, declarar extinguida la acción penal, con lo que se ha cometido actos ilegales.