SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0420/2003- R

III.2   Que en cuanto al procesamiento de un Concejal, Alcalde Municipal o Agente Municipal, el art. 35 LM prescribe que será el Concejo Municipal quien disponga la apertura del proceso, luego de conocer el hecho, pudiendo hacerlo de oficio o a denuncia de parte. Esta disposición, si bien impone al Concejo una obligación ética como ente fiscalizador de disponer el procesamiento de sus miembros o del Alcalde cuando conoce o recibe denuncia sobre algún hecho irregular, dicha obligación y atribución no puede ser exigida por medio del Amparo y menos con el objetivo de asumir la titularidad de una concejalía.

            Que por otra parte, en el mismo artículo también se establece que quien deberá sustanciar el proceso es la Comisión de Ética, pero esta Comisión no puede actuar de oficio sino a disposición del Concejo Municipal, de modo que si no procede un procesamiento aún cuando sus miembros conozcan de un hecho no comete acto ilegal ni omisión indebida, pues de hacerlo excedería el ámbito de sus funciones.