SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0472/2003-R

III.6          De lo relacionado, se establece que la Sumariante de la Aduana Nacional-La Paz, no sólo ha lesionado la garantía al debido proceso administrativo del recurrente, que reconoce su derecho a la defensa, previsto en el art. 16.II y IV constitucional, sino también el derecho a la seguridad jurídica, más aún si se tiene presente que la resolución que lo responsabiliza administrativamente, ha sido ejecutoriada por la demandada. Sin embargo  el Tribunal Constitucional  ha establecido que: “ cuando una  resolución ilegal afecta el contenido esencial de un derecho fundamental como el citado precedentemente- no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre el ámbito de aplicación del Amparo Constitucional, previsto en el art. 19 CPE. Aspecto que es también aplicable a materia administrativa, ya que la protección de los derechos fundamentales de las personas abarca a todos los ámbitos y jurisdicciones, sin excepción.