SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1002/2003-R

De conformidad con los arts. 16 y 78 del Código de Procedimiento Penal de 1999 (CPP) siguieron un proceso penal contra Carlos Fernández, Willber Saucedo, Marcelo Sambecchi Jatip y Toshiaki Kamiya Itokasu, por la comisión del delito de estafa, dentro del cual se dictó sentencia condenatoria contra  los dos primeros, quienes interpusieron recurso de apelación que fue resuelto por las vocales recurridas, quienes anularon la sentencia que se encontraba ejecutoriada con relación a uno de los procesados, situación incorrecta que motivó la interposición del recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que declaró infundado el recurso por falta de precedente, fallo con el que fueron notificados el 21 de marzo de 2003.

Añaden que las vocales demandadas fallaron más allá de lo pedido, ya que en el recurso los apelantes no aducen haber sido condenados por un delito por el que no fueron acusados, afirmación ésta que además no es evidente si se revisa la acusación particular del querellante.  Es así que las sentencias y resoluciones adquieren la calidad de cosa juzgada desde el momento en que no se plantean los recursos para impugnarlas dentro de los plazos legales y,  en el caso presente, la sentencia absolutoria dictada a favor de Toshiaki Kamiya Itokazu estaba ejecutoriada porque no había sido apelada por ninguna de las partes.