SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1027/2003-R

En el informe escrito que corre de fs. 211 a 215, las autoridades municipales recurridas  sostienen lo siguiente: a) de acuerdo a la normativa municipal vigente, el Concejo Municipal de Caranavi efectuó actos de fiscalización a la gestión del recurrente  ante la denuncia de malos manejos económicos de su parte, y,  previa sustanciación  ante la Comisión de Ética, se advirtió la comisión de delitos de orden público; b)  como consecuencia de ello, el Tribunal Quinto de Sentencia de La Paz dictó Auto de apertura de juicio 021/2003 de 19 de abril, contra el actor y otros dos ex - funcionarios municipales que se encuentran prófugos, por los delitos de peculado, cohecho pasivo propio, encubrimiento, uso indebido de influencias y concusión; c)  esa situación implica que existe conflicto de intereses, lo que motivó  que el Concejo Municipal dicte la Resolución Municipal 039/2003, precautelando los intereses de la Comuna, ya que perdió la confianza en dicho Alcalde; d) el recurrente no presentó reclamación ni recurso alguno para dejar sin efecto la Resolución Municipal referida  que ahora impugna, o sea que no agotó la vía administrativa. Solicitaron se declare improcedente el recurso, con costas.