SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1380/2003-R

III.1 En la problemática planteada, el recurrente pretende que este Tribunal analice la valoración de pruebas realizada por los jueces recurridos, tanto en primera como en segunda instancia, siendo que esa es una facultad privativa de dichos juzgadores, no pudiendo este Tribunal a través del amparo proceder a su revisión, toda vez que carece de atribuciones para ello, máxime si este recurso tiene la única finalidad de restablecer los derechos fundamentales que hubieran sido conculcados por autoridades o particulares; situación que determina su improcedencia. Ese es el entendimiento de la jurisprudencia constitucional contenido en las SSCC 829/2001-R, 577/2002-R y 1223/2002-R, entre otras, cuando señalan que: “la facultad de la valoración de la prueba aportada corresponde privativamente a los órganos jurisdiccionales ordinarios, por lo que el Tribunal Constitucional no puede pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, y menos atribuirse la facultad de revisar la valoración de la prueba que hubieran efectuado las autoridades judiciales competentes”.