SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1717/2004-R

III.3. En la problemática planteada, de los antecedentes que informan el cuaderno procesal se evidencia que dentro del proceso penal seguido a denuncia de Fernando Monroy por el supuesto delito de falsedad material,  el 19 de marzo de 2002, el demandado representante del Ministerio Público, requirió orden de aprehensión con  allanamiento de domicilio y otros lugares donde pudiese encontrarse el representado de la actora, a efectos de la investigación y consiguiente elaboración de diligencias de policía judicial de conformidad a los arts. 191, 192 y 115 inc. 3) del CPP.1972; en cuyo mérito por Auto de 20 de marzo de 2002, la autoridad judicial recurrida, ordenó la emisión del mandamiento de aprehensión solicitado para ser conducido ante la autoridad fiscal, mediante orden instruida para toda la República comisionando su cumplimiento a cualquier funcionario público hábil no impedido por ley, fundando su decisión en los arts. 91.2 y 9, 192 del CPP.1972, a cuyo efecto emitió la respectiva orden instruida, así como el mandamiento con el cual el representado de la actora fue aprehendido el 29 de septiembre de 2004, por un funcionario de la Policía Judicial.

De igual forma la autoridad judicial codemandada también desconoció las normas legales aplicables al disponer la medida de aprehensión en base a normas que en el marco del nuevo régimen cautelar resultan inaplicables al proceso; consiguientemente, teniendo en cuenta que el representado de la actora fue privado de libertad en cumplimiento a la orden instruida emitida por la autoridad judicial recurrida en base al ilegal requerimiento del Fiscal co recurrido, corresponde otorgar la tutela prevista por el art. 18 de la Constitución Política del Estado (CPE).