SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1925/2004-R

Sucre, 16 de diciembre de 2004

Expediente: 2004-10419-21-RHC

Distrito: Oruro

Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

En revisión la Sentencia de 19/2004 de 13 de noviembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Ludwing Van Chiri Olmos y Franz Silver Chiri Olmos contra Nicolás Franco Montalvo y Julio Huarachi Pozo, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia, arguyendo la vulneración de su derecho a la libertad previsto en los arts. 6.II y 7 inc. g) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido del recurso

I.1.1.Hechos que motivan el recurso

En la demanda presentada el 12 de noviembre de 2004 (fs. 1 a 2), los recurrentes sostienen que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra sus personas, por el supuesto delito de homicidio fueron detenidos el 23 de octubre de 2002, proceso que fue sustanciado hasta dictarse Sentencia Condenatoria el 8 de abril del año en curso, la misma que fue apelada y recurrida de casación, por lo que a la fecha no existe sentencia que haya adquirido ejecutoria y autoridad de cosa juzgada.

Arguyen que con esos antecedentes al amparo de lo previsto por el art. 239-3) del Código de procedimiento penal (CPP) que establece que la detención cesará cuando su duración exceda de 18 o 24 meses sin que la sentencia hubiera adquirido autoridad de cosa juzgada, solicitaron al Tribunal de Sentencia la cesación de su detención preventiva, la misma que fue rechazada en la audiencia de 29 de octubre de 2004, bajo el argumento de no haberse demostrado el estado del trámite y la certificación sobre la existencia o no del Auto Supremo, basados en la Circular 21/2000.

Alegan que la indicada decisión es ilegal, dado que los requisitos previstos en la norma señalada fueron cumplidos por sus personas para acceder al beneficio de la cesación de su detención preventiva, al encontrarse privados de su libertad por más de 24 meses sin que exista sentencia ejecutoriada.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los actores estiman que se ha conculcado su derecho a la libertad previsto en los arts. 6-II y 7 inc. g) de la CPE.

I.1.3.Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo relatado, plantean recurso de hábeas corpus contra Nicolás Franco Montalvo y Julio Huarachi Pozo, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia, pidiendo sea declarado procedente y se disponga su inmediata libertad.

I.2.Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

El 13 de noviembre de 2004 se realizó la audiencia pública, conforme se advierte del acta que cursa de fs. 29 a 32, en la que se suscitaron las siguientes actuaciones:

I.2.1.Ratificación y ampliación del recurso

Los recurrentes ratificaron los términos de su demanda, añadiendo manifestaron que: se encuentran detenidos por más de 24 meses sin contar con una sentencia ejecutoriada, sin embargo las autoridades recurridas al rechazar su solicitud de cesación de su detención preventiva han infringido el art. 239 inc. 3) del CPP.

I.2.2.Informe de las autoridades recurridas

Los jueces recurridos informaron en la audiencia lo siguiente: a) mediante Sentencia 17/2004 de 8 de abril, los hermanos Franz Iver y Ludwing Chiri Olmos fueron condenados a 15 y 10 años de presidio respectivamente por el delito de homicidio, la misma que ha sido apelada y recurrida de casación; b) los recurrentes solicitaron la cesación de su detención preventiva que fue rechazada por improcedente mediante Auto 31/2004, de 29 de octubre, por no haber demostrado el estado de las resoluciones superiores de alzada y nulidad, si bien presentaron el certificado del Juzgado de Ejecución Penal por el que consta su fecha de ingreso al penal, no han probado el estado de la causa, alejándose de lo dispuesto en la SC 783/2003-R; c) obraron conforme dispone la Circular 21/2000 que precautela que los jueces de instancia tengan elementos de convicción sobre el estado de la causa; d) la referida Circular señala que cuando la causa se encuentre en la Corte Suprema o en cualquiera de las Cortes de Distrito la solicitud de cesación de la detención preventiva se plantearan ante éstas o ante el tribunal que pronunció Sentencia, en el primer caso señala que la Corte Suprema y las Cortes de Distrito remitirán fotocopias legalizadas al Juez o Tribunal de Sentencia, lo que no ocurrió en el caso, por lo que rechazaron la referida solicitud al no haber demostrado los recurrentes el estado del proceso; e) los recurrentes no han cumplido con los requisitos exigidos en la Circular 21/2000, por lo que el Tribunal obró adecuándose al ordenamiento adjetivo que dispone que los fallos en materia de medidas cautelares son revisables aún de oficio y que en el caso de Autos no ha sido impugnado.

I.2.3. Resolución

La Sentencia 19/2004 de 13 de noviembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, declaró improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos: a) la SC 783/2003-R señala que la autoridad jurisdiccional que conozca la cesación de la detención preventiva en adecuación al art. 239-3) del CPP, debe verificar la existencia o no de todos los elementos probatorios y antecedentes del proceso que acrediten no sólo la detención preventiva por más de 24 meses del actor, sino el hecho de que el proceso no cuente con sentencia ejecutoriada y sólo en caso de no estar demostrados ambos requisitos, ordenar el cumplimiento de la circular 21/2000, a fin de dar aviso del trámite a la Corte Suprema, para que esta a su vez envíe los antecedentes pertinentes, y recibidos los mismos, en una audiencia resolver conforme a derecho; b) los recurrentes no demostraron el estado de la causa, habiéndose limitado a probar con los certificados la fecha de ingreso al penal sin que los mismos demuestren que se encuentran recluidos por más de 24 meses pues sólo demuestran la fecha de ingreso; c) las autoridades recurridas al haber determinado el cumplimiento previo de la Circular 21/2000 emitida por la Corte Suprema, han obrado acorde a la misma y a lo dispuesto por la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ludwing Van Chiri Olmos y Franz Silver Chiri Olmos, por el supuesto delito de homicidio fueron detenidos preventivamente por mandamiento de 24 de octubre de 2002 (fs. 5 a 9) y según el certificado del Juzgado de Ejecución Penal ingresaron al Penal con detención preventiva el 25 de octubre de 2002 por orden del Juez Cautelar (fs. 16).

II.2. Por lo referido en la audiencia del recurso, se evidencia que dentro del proceso señalado se dictó Sentencia Condenatoria el 8 de abril del año en curso, la misma que fue apelada y recurrida de casación, por lo que los recurrentes alegando que no existe sentencia que haya adquirido ejecutoria y autoridad de cosa juzgada solicitaron al Tribunal Primero de Sentencia la cesación de su detención preventiva (fs. 10 y 12).

II.3. Por Auto Motivado de 29 de octubre de 2004, los Jueces Técnicos del Tribunal Primero de Sentencia rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva solicitada por los recurrentes, por improcedente, arguyendo que los procesados no presentaron ninguna prueba que sustente su petitorio, el tiempo de duración de su detención, ni el estado de la causa, incumpliendo los requisitos previstos en la Circular 21/2000; dispusieron igualmente que las partes den fiel cumplimiento a la referida Circular (fs. 25 a 28).

II.4 La Circular 21/2000 de 14 de junio, emitida por la Corte Suprema de Justicia, dice que el Juez o Tribunal de Primera Instancia que se halle en conocimiento de la causa o que hubiese dictado sentencia, es competente para pronunciarse durante el desarrollo del proceso, sobre solicitudes referidas al régimen de medidas cautelares. Cuando la causa se halle radicada ante la Corte Suprema o ante cualquier Corte Superior de Justicia, las solicitudes para la aplicación del régimen cautelar plantearan ante éstas, o ante el Juez o Tribunal que pronunció la sentencia. En el primer caso, la Corte Suprema o la Corte Superior de Justicia, de oficio remitirán fotocopias legalizadas de las piezas necesarias al Juez o Tribunal de primera instancia que dictó sentencia, para su resolución. En el Segundo, el Juez o Tribunal que pronunció sentencia, informará de la solicitud al Tribunal en que se halle el proceso, para que remita los antecedentes pertinentes

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los recurrentes arguyen que las autoridades recurridas vulneraron su derecho a la libertad de locomoción, al rechazar su petitorio no obstante haber demostrado que se encuentran detenidos por más de 24 meses sin que exista Sentencia ejecutoriada pasada en autoridad de cosa juzgada infringiendo lo previsto por el art. 239 inc. 3) del CPP. Corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1. El hábeas corpus ha sido instituido como un recurso extraordinario que tiene como objeto restituir o restablecer, de forma inmediata y oportuna, la libertad física y de locomoción; recurso que puede interponerlo quien creyere estar indebidamente perseguido, detenido, procesado o preso, demandando se guarden las formalidades legales, con la condición de que cualquiera de estas situaciones deben estar estrechamente vinculadas con el derecho a la libertad individual.

III.2. En cuanto a la Circular 21/2000 emitida por la Corte suprema, la jurisprudencia constitucional en la SC 783/2003-R de 10 de junio expresó que:

“...la Circular 21/2000 trata de precautelar que los jueces de instancia tengan elementos de convicción sobre el estado de la causa a tiempo de resolver las solicitudes de cesación de detención preventiva en los casos previstos por el art. 239 CPP; consiguientemente la solicitud de remisión de antecedentes sólo procede cuando la parte solicitante no presente la prueba pertinente sobre el estado del proceso en apelación o casación, situación que no se presenta en el caso de autos, en el que el recurrente presentó a tiempo de solicitar el cese de la detención preventiva la certificación antes aludida, respecto al estado de la causa”.

En ese caso, este Tribunal determinó la actuación ilegal del juez que suspendió la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva “...e incumplió su obligación de darle un trámite acelerado y oportuno a la solicitud del recurrente (SC 526/2003-R), por cuanto debió realizar la audiencia señalada y verificar en ella la existencia o no de todos los elementos probatorios y antecedentes del proceso que acrediten no sólo la detención por más de 24 meses del actor, sino el hecho de que el proceso no cuente con sentencia ejecutoriada, y sólo en caso de no estar demostrados ambos requisitos, ordenar el cumplimiento de la Circular 21/2000, a fin de dar aviso del trámite a la Corte Suprema, para que ésta a su vez envíe los antecedentes pertinentes, y recibidos los mismos, en una nueva audiencia, resolver conforme a derecho”.

Siguiendo esa línea, en relación a la Circular 21/2000, se tienen las SSCC 1853/2003-R y 1469/2004-R.

III.3. En el caso de autos, los Jueces recurridos mediante el auto motivado de 31/2004 de 29 de octubre de 2004, rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva de los recurrentes y dispusieron que las partes den fiel cumplimiento a la Circular 21/2000, sin embargo no es menos evidente que la jurisprudencia anotada precedentemente no indica que se deba rechazar el trámite sino expresamente pedir a los solicitantes que den cumplimiento previo a la referida Circular, con la finalidad de dar aviso del trámite a la Corte Suprema, para que ésta a su vez envíe los antecedentes pertinentes y recibidos los mismos, en una nueva audiencia, resolver conforme a derecho; lo que no acontece en el caso de autos, en el que se rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva, alejándose del trámite que señala la referida Sentencia Constitucional, lo que indudablemente coarta el derecho a la libertad de los recurrentes, dado que la autoridad jurisdiccional en casos similares debe orientar a las partes cómo proseguir el trámite en los casos previstos en el art. 239 inc. 3) del CPP, cuando el proceso se encuentre en una instancia superior, lo contrario vulnera el derecho a la libertad previsto en el art. 6.II y 7 inc. g) de la CPE.

De todo lo expuesto se concluye que el Tribunal de hábeas, al haber declarado improcedente el recurso, no ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III, 120.7ª de la CPE, 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos:

1º.- REVOCA la Resolución 19/2004 de 13 de noviembre, cursante de fs. 33 a 35, pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, y;

2º.- DECLARA PROCEDENTE el recurso, disponiendo la anulación de obrados hasta el Auto 31/2004 de 29 de octubre inclusive, debiendo el Tribunal Primero de Sentencia de Oruro, pronunciarse sobre el petitorio de los recurrentes conforme a lo previsto en la Circular 21/2000 y la jurisprudencia constitucional señalada en este fallo.

CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1925/2004-R

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Magistrado, Dr. José Antonio Rivera Santivañez, por estar en uso de su vacación anual.

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

PRESIDENTE

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán

DECANO

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto

MAGISTRADO