SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1959/2004-R

Al respecto, la SC 1685/2003-R de 24 de noviembre, establece: “debe recordarse que para pretender la tutela, el derecho propietario que se alegue debe estar exento de conflictos, pues de no ser así no puede otorgarse la tutela, así la SC 749/2003 de 4 de junio, determinó que: '(…) la jurisprudencia constitucional, ha dejado claramente establecido que para solicitar tutela en materia de amparo, la parte recurrente al margen de cumplir estrictamente los requisitos previstos en el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), cuando se trata de actos ilegales que recaigan sobre bienes que estén vinculados al derecho de propiedad o de posesión, debe demostrar la inexistencia de discusión o controversia sobre los mismos para legitimar su denuncia en esta jurisdicción, pues esto, resulta esencial para la concesión de la tutela, dado que no podrá tenerse como amenazado, restringido o suprimido un derecho cuando no se tiene certeza de que el recurrente es el verdadero titular del derecho, pues de otorgarse la tutela se crearía inseguridad jurídica y se dejaría una posibilidad de lesionar derechos del que resulte el verdadero titular, que puede ser tanto la parte recurrida como un tercero (…)'”. (las negrillas son nuestras).

Este entendimiento jurisprudencial es aplicable al caso que se examina, por cuanto se evidencia que los recurrentes han iniciado una demanda de usucapión extraordinaria sobre el inmueble sito en calle Sucre de la zona Huaynapata del cantón Ambaná de la provincia Camacho del departamento de La Paz, ante el Juez de Partido de Puerto Acosta, por lo que existe una controversia del derecho de propiedad sobre tal fundo que previamente debe dilucidarse en esa jurisdicción ordinaria, no siendo viable otorgar la tutela solicitada por los actores.