SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0255/2004-R

Como funcionaria estatal aportante al Fondo de Retiro al Empleado Público (FREP), al tener conocimiento de que sus aportes habrían sido malversados, instauró querella criminal por los delitos de estafa y otros contra Dante Benito Escobar Plata y otros, siguiéndose un proceso penal sujeto a las normas del antiguo Código de Procedimiento Penal de 1972, que concluyó con Sentencia condenatoria, la misma que se halla plenamente ejecutoriada al haber sido confirmada en apelación y declarados infundados los recursos interpuestos por los ahora reos rematados; de manera que al haberse radicado el expediente en el juzgado de origen, el Juez recurrido debió proceder a la ejecución de la Sentencia, especialmente a la calificación de la responsabilidad civil, sin embargo, fue sorprendida con  una providencia suya de 21 de octubre de 2003, por la cuál ordenó que se remitan fotocopias legalizadas del proceso al Juez de Sentencia de Turno en lo Penal, para que califique la responsabilidad civil, en base a las normas previstas por la Ley 1970; sin tomar en cuenta que son diferentes a la del DL 10426, por cuanto en éste uno se puede constituir en parte civil para fines del resarcimiento, en cualquier tiempo hasta antes de sentencia, mientras que bajo el régimen de las normas previstas por el nuevo Código de procedimiento penal las presuntas víctimas que no hubiesen intervenido en el proceso pueden también pedir la reparación del daño aún en ejecución de sentencia; y de admitirse esa situación, implicaría que esos recursos no alcanzarían para cancelar a su persona, por lo que al no ser apelable la determinación emitida por el recurrido, interpone amparo constitucional.