SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0705/2004-R

La recurrente arguye que durante la gestión 2003, sufrió un constante acoso y persecución dentro de su fuente de trabajo por parte de las autoridades recurridas, que  a través del Memorando de 4 de noviembre de 2003, el Director Distrital de Educación la relocalizó a esa  repartición para cumplir tareas denigrantes,  hasta que el 24 de ese mismo mes se le ordenó entregar todos los documentos y bienes que se encontraban bajo su responsabilidad, lo que implica destitución, sin que previamente se le hubiera instaurado proceso administrativo. Por consiguiente, corresponde analizar en revisión, si los supuestos actos ilegales son evidentes y si se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 19 de la Constitución Política del Estado (CPE).