SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1052/2004-R

El Juez recurrido presentó su informe alegando lo siguiente: a) dentro del proceso penal seguido contra el recurrente, dictó Sentencia condenatoria por el delito de uso de instrumento falsificado y encubrimiento imponiéndole una pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, fallo que ha sido apelado; b) inicialmente, el recurrente fue beneficiado con la cesación de la detención preventiva, aplicándosele entre otras medidas la de fianza económica, pero posteriormente solicitó la modificación de la misma, a lo que se le dio curso, por lo que en aplicación del art. 242 del Código de procedimiento penal (CPP), se le impuso fianza juratoria, indicándosele que tenía la obligación de comparecer ante al autoridad jurisdiccional correspondiente, no cambiar de domicilio y el arraigo. Después de ello, presentó solicitud de modificación de la garantía personal, que también fue atendida favorablemente; c) no es posible otorgar la libertad en aplicación de la Ley de abolición de prisión y apremio corporal por obligaciones patrimoniales, ya que ésta señala que la libertad sólo procede en ejecución de sentencia, lo que no sucede en el presente caso, ya que la Sentencia está apelada, siendo ésta la razón por la que no se dispuso la libertad ya que no se puede computar la condena.