SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1135/2004-R

Los recurrentes sostienen que las autoridades demandadas han vulnerado sus derechos a la libertad, a la defensa y a la presunción de inocencia, pues a) el Ministerio Público les imputó formalmente el delito de estafa pese a que fueron víctimas del hecho, no se presentó ninguna denuncia en su contra, sin que exista elementos probatorios que acrediten su participación en el delito y en base a una entrevista realizada al denunciado que no cumplió las formalidades de ley; b) la Jueza recurrida dispuso su detención preventiva sin la concurrencia de los requisitos establecidos por ley y rechazó la solicitud de cesación de detención y la aplicación de medidas sustitutivas, sin velar por el respeto de las garantías constitucionales. Por consiguiente, corresponde analizar si los hechos denunciados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 18 de la CPE.