SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0280/2005-R

La jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional -entre otras-, en la SC  0189/2005-R, de 4 de marzo de 2005, en relación a la supuesta aprehensión ilegal dispuesta por el fiscal y la posibilidad de acudir ante el Juez cautelar reclamando los actos ilegales, enseña que “El art. 54.1 del CPP, establece que los jueces instructores son competentes para ejercer el control de la investigación y, por tanto, es la autoridad llamada por Ley a conocer las presuntas vulneraciones de los derechos y garantías del imputado. Así, en cuanto al derecho a la libertad, el Código dispone que una vez aprehendido el imputado, éste debe ser remitido por el Fiscal ante el Juez cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas (arts. 226 y 303 del CPP), y si el fiscal no requiere en dicho plazo, el Juez debe disponer de oficio o a petición de parte, la inmediata libertad del detenido, salvo que el querellante haya solicitado la detención preventiva y el Juez la considere procedente” (las negrillas son nuestras).