SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0465/2005-R

III.3. En el caso que se analiza,  si en el proceso ejecutivo de referencia los demandados consideraban haberse presentado irregularidades en su tramitación al extremo de vulnerar los derechos fundamentales que se invocan en la demanda,  y que  las mismas  no habrían sido advertidas por los Vocales recurridos a tiempo de pronunciar el Auto de Vista 209, de 22 de abril  de 2004, confirmando la Resolución 718/2002 que aprobó el acta de remate y adjudicó a favor del Banco ejecutante los bienes inmuebles de propiedad de José Omar Pino Arellano, podían acudir a la vía ordinaria prevista por el art. 490 del CPC, modificado por el art. 28 de la LAPCAF que permite la modificación de lo resuelto en los procesos ejecutivos, el que deberá ser promovido en el plazo de seis meses de ejecutoriada la Sentencia, instancia en la cual los ejecutados pueden impugnar las ilegalidades que ahora acusa para el restablecimiento de sus derechos;  en consecuencia,  el recurso de amparo, por su carácter subsidiario, no es sustitutivo de los medios y recursos ordinarios para la protección de los derechos que se estiman lesionados, circunstancia que determina la improcedencia del amparo interpuesto, en virtud de la previsión contenida en el art. 96 inc. 3) de la LTC, que señala que el amparo no procederá contra las Resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso.

Así se ha pronunciado este Tribunal, cuando a través de la SC 1062/2003-R, de 29 de julio, señala que: “(…) si el recurrente considera que se dieron irregularidades en el proceso ejecutivo, (…), o que el documento de crédito que lo originó tuvo vicios de nulidad u otras omisiones en las que pudieron haber incurrido las autoridades demandadas, podrá él acudir a la vía ordinaria prevista por el art. 490 del CPC, modificado por el art. 28 de la Ley de Abreviación Procesal Civil y de Asistencia Familiar (LAPCAF), y que permite la modificación del proceso ejecutivo en juicio ordinario posterior (…)” (SC 0941/2004-R, de 15 de junio; 1394/2004-R, de 31 de agosto).