SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0762/2005-R

La recurrente en el escrito presentado el 23 de noviembre de 2004 (fs. 62 a 66), manifiesta que tiene su hogar constituido mediante matrimonio con Fernando Pozo Uría, con quien tiene dos hijos, y como resultado de un primer matrimonio, tiene otro hijo, quien es el mayor de sus tres hijos, de nombre Emmanuel De Silva Otazo de ocho años de edad, de quien tiene la tenencia legal otorgada por sentencia pronunciada en el juicio de divorcio.  Sin embargo el 4 de noviembre de 2004, a horas 11:00 de la mañana, recibió una llamada telefónica de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que recogiera a su nombrado hijo de esas dependencias, inmediatamente se constituyó en el Colegio donde estudiaba su hijo y fue informada por el Director que los funcionarios de la Defensoría se llevaron a su hijo sin ninguna orden judicial; en horas de la tarde, al promediar las 16:00, se constituyó en las oficinas de la indicada Defensoría donde fue informada de la existencia de una denuncia de maltrato de menor, interpuesta por su madre Eli Iturri, en contra suya y su esposo; posteriormente mantuvo una reunión con los funcionarios de la Defensoría, la denunciante y su hermano Paulo Otazo Iturri, donde las funcionaras indicadas le amenazaron que si no entregaba a su pequeño hijo a su abuela, podrían cerrarle el jardín infantil del cual es propietaria y quitarle el permiso por parte de la Alcaldía, por lo que aprovechando la crisis en que se encontraba le obligaron a firmar  unos papeles que no alcanzó a leerlos, cuando ya se encontraba en su casa, al dar lectura al compromiso, recién se enteró del contenido del acta por el que entregaba a su hijo a su madre Eli Iturri.  Concluye, manifestando que los funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia han cometido una serie de aberraciones y han vulnerado todos los preceptos constitucionales y normas establecidas en el Código niño, niña y adolescente y su Reglamento.