SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1005/2005-R

El Juez recurrido, presentó informe (fs. 65-69) en el que alegó lo siguiente: a) se ordenó la detención preventiva del recurrente al existir requerimiento fiscal de imputación formal contra el recurrente por la supuesta comisión del delito de violación en grado de tentativa, tipificado por el art. 308 del Código penal (CP) con relación al art. 8 del mismo Código; y solicitud de aplicación de medidas cautelares; b) cuando se dispuso la cesación, se advirtió en el mismo Auto que el imputado debía presentar el certificado que acredite el arraigo para efectivizar las medidas sustitutivas en la audiencia del 27 de junio de 2005, pero sólo presentó un talón de Migraciones, acreditando que el trámite había sido presentado y solicitó se le conceda el plazo de quince días para el certificado, cuando antes incluso se le otorgó un plazo de diez días para dicho efecto, pero el imputado por su propia negligencia recién inició el trámite el 23 de junio de 2005; c) en caso de no exigirse el certificado, significaría incumplir las medidas sustitutivas impuestas al tenor del art. 247 del CPP, pues el talón no es suficiente para acreditar el arraigo antes de ordenar la libertad; y d) el proceso en su etapa preparatoria no depende del Juez, ya que el Fiscal es el director del proceso, “mas si no se cuenta en antecedentes si la víctima se presentó o no en dependencias del Ministerio Público de Punata cual argumenta el recurrente”. Finalizó señalando que que el art. 245 del CPP, sólo es aplicable a la medida de fianza y se determinen costas.