SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1022/2005-R

El recurrente afirma que se vulneraron los derechos de su representada a la seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa y debido proceso al señalar que dentro de la investigación que realiza el Fiscal recurrido en su contra, por presunto prevaricato, no se tomó en cuenta que el denunciante es dependiente del Ministerio Público y de dicha autoridad, que se elaboraron las diligencias preliminares en cinco meses, vulnerando el art. 300 del CPP; no se comunicó el inicio de la investigación al Juez cautelar dentro de término; las declaraciones están viciadas de nulidad porque fueron recibidas por el propio denunciante, sin intervención Fiscal; se ocultó la documentación; las notificaciones se las hizo con bastante demora; el Fiscal olvidó la presunción de inocencia y en todo momento presumió su culpabilidad; no se le recibió su declaración informativa; negó una declinatoria de jurisdicción y actuó con marcada parcialidad, incurriendo por todo ello en defectos absolutos. Por consiguiente, corresponde determinar en revisión, si tales extremos son ciertos y si se justifica otorgar la tutela solicitada.