SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1293/2006-R

En el informe escrito que sale a fs. 23 y vta., el Director Departamental de la FELCC, y los Policías correcurridos,  sostienen lo siguiente: a) como se evidencia de los informes presentados por los funcionarios policiales Jorge Magne Molina y Gualberto Condori Tacaraya, dieron cumplimiento al mandamiento de apremio emitido por el Juez de Instrucción de Totora contra Eloy Cuaquira Miranda, depositario de los bienes motivo del proceso ejecutivo seguido contra Andrés Nogales; b) dicho mandamiento manifiesta que el detenido debe permanecer en celdas de la FELCC de Cochabamba, en tanto no exhiba y cumpla con órdenes judiciales (sic); c)  se procedió al apremio del sobrino y representado del recurrente, diligenciándose el mandamiento y se envió a Totora con el mismo interesado; d) el Director Departamental de la FELCC, desde la reestructuración de la ex Policía Técnica Judicial (PTJ), cumple funciones administrativas y no así de control del cumplimiento legal de mandamientos de apremio que a diario se presentan en esas oficinas, recayendo el control de las actividades de los funcionarios, en el Jefe de cada División, al margen que la ejecución del mandamiento de apremio contra Eloy Cuaquira Miranda, no fue conocida por su autoridad, sino varios días después de estar detenido; e) los funcionarios policiales codemandados únicamente han cumplido una orden judicial emitida por autoridad competente, que fue ratificada vía telefónica por el “Juez Dr. Romero” (sic), para evitar incurrir en los delitos previstos en los arts. 154 y 160 del Código Penal (CP); f) Eloy Cuaquira Miranda ha sido detenido en calidad de depósito, cual se evidencia de la copia legalizada emitida por la Sección Arrestos de la FELCC; g) no existe acto ilegal alguno de su parte. Solicitan la improcedencia del hábeas corpus.