SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0130/2006-R

III.2.   En la problemática planteada, la línea jurisprudencial glosada es de aplicación, dado que el recurrente no obstante que en su ampuloso recurso denuncia una serie de actos y omisiones indebidas e ilegales en los que han incurrido el recurrido y otros funcionarios, desde que se instruyó el ilegal proceso administrativo interno en su contra -a decir suyo; sin embargo, ha planteado su recurso únicamente contra recurrido por haber resuelto el recurso jerárquico en última instancia dentro del proceso administrativo interno que se le siguió, y no así contra Fernando Aquim Vargas, Administrador de la Regional de la CNE del Beni, pese a que indica que ilegalmente delegó sus funciones por una parte; por otra, también ha omitido interponer su recurso contra Onofre López Jiménez y José Morales Sivaut, como Presidente y Secretario, Jefe de Servicios Generales y Asesor General de dicha Regional como integrantes del supuesto ilegal Tribunal sumariante, no obstante que respecto a ellos alega falta de competencia, errónea aplicación de normas para procesarlo, recepción indebida de prueba para dictar la resolución que determinó su destitución, así como también indebida resolución de su recurso de revocatoria. Finalmente, en cuanto a la omisión indebida de extenderle las fotocopias legalizadas que solicitó, igualmente ha omitido recurrir contra el Jefe de Recursos Humanos de la Caja Nacional de Salud, a quien el Juez Tercero de Instrucción en lo Civil, ordenó extenderlas, razones por las que este Tribunal se encuentra impedido de ingresar a la compulsa de fondo de la problemática, dado que como se ha referido el recurrente no ha interpuesto el recurso contra todos los funcionarios que deben responder por las lesiones que denuncia.

“(…) si dentro de un proceso judicial en curso, se lesiona el derecho al debido proceso en su elemento del derecho al juez natural competente, independiente e imparcial, se activa el amparo constitucional para otorgar la protección efectiva e inmediata al referido derecho, claro está que se activará esta vía procesal una vez agotadas las vías procesales previstas en la legislación ordinaria, en las que se podría lograr la reparación de la lesión. Al respecto, este Tribunal Constitucional, en su SC 493/2004-R, de 31 de marzo, ha establecido que: “si bien este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia, sentada en los AACC 053/2004-R y 143/2004-R entre otros, que el recurso directo de nulidad constituye una garantía de aplicación general contra todos los '... actos de los que usurpen funciones que no les competen así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley'; y que, la previsión contenida en el art. 79.II de la LTC no limita los alcances del recurso a los casos enumerados en la misma (suspensión o cese de funciones), sino que más bien se amplían esos alcances (así: Auto Constitucional 202/2000-CA, de 17 de octubre y otros); sin embargo, ello no debe entenderse que tal protección constitucional sea aplicable a supuestas infracciones al debido proceso, en cualquiera de las formas en que tales infracciones pudieran producirse en los procesos judiciales o administrativos en curso; no sólo porque las mismas tienen los medios de impugnación que las normas procesales pertinentes dispensan a los litigantes, sino que la ratio legis del art. 31 Constitucional, es la de dotar al ciudadano de un medio de impugnación directo (de acceso inmediato) sólo para aquellos supuestos en lo que no es posible obtener la reparación del agravio, por no prever el orden legal otro medio expedito de impugnación” .

De lo referido precedentemente se concluye que, dentro de procesos judiciales o administrativos en curso, la vía del amparo constitucional se activa en los supuestos en los que se produzca una severa lesión al derecho al debido proceso en cualquiera de sus elementos, entre ellos el derecho al juez natural, lesión que podría motivarse por las siguientes circunstancias, entre otras: a) un juez o tribunal admita y sustancie un recurso que no está previsto por la legislación procesal; así, por ejemplo, el recurso de casación contra un Auto de Vista emitido en ejecución de sentencia; b) un juez o los miembros de un tribunal no se aparten del conocimiento de una causa habiendo concurrido causales de impedimento legal, por el que debieron formular su excusa, o habiéndose planteado la recusación la misma sea declarada improbada a pesar de existir las causales respectivas.

En cambio, se activa la vía del recurso directo de nulidad cuando la actuación de un juez o tribunal judicial se encuadra en los presupuestos jurídicos previstos por el art. 31 de la Constitución: 1) la usurpación de funciones que no le competen, debiendo entenderse por tal el ejercicio de una función sin tener título o causa legítima; es decir, el ejercicio ilegítimo por parte de un funcionario o autoridad, de una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario; o estándole reconocido a él, ya expiró su periodo de funciones o está suspendido del ejercicio de sus funciones por algún motivo legal; 2) el ejercicio de una jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución o la Ley; debiendo entenderse por tal, el que una persona o funcionario asuma una jurisdicción o ejerza una competencia que no le ha sido asignada por el ordenamiento jurídico; es decir, ejerza una función inexistente”.