SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0180/2006-R
Fecha: 17-Feb-2006
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
En el memorial presentado el 1 de diciembre de 2005 (fs. 39 a 40 vta.), el recurrente señala que debido a un proceso de divorcio, el matrimonio de su representado Julio Huaricallo y Martha Elena Gutiérrez quedo disuelto, habiendo incrementado el Juez la asistencia familiar a la suma de Bs125.- por cada uno de los cuatro hijos menores, dado que los otros dos eran mayores de edad. Debido a que los cuatro hijos menores viven con el padre desde el mes de noviembre de 2002, se inició demanda de autoridad, guarda y tutela de los mismos, la que fue concedida por Resolución 199/2004, de 10 de septiembre, y confirmada en apelación por la Resolución AD-278/2005, de 13 de junio.
No obstante, por Secretaría del Juzgado Octavo de Partido de Familia, se procedió a realizar la liquidación de asistencia familiar que data del 13 de marzo de 2004 al 14 de febrero de 2005, en la suma de Bs5.500.- es decir por los meses en los que el expediente se encontraba en apelación y los hijos en custodia de su padre, tiempo en el cual la asistencia era depositada a nombre de la tía de los menores Emiliana Huaricollo de Andia, por cuanto ella cuidaba y daba de comer a los mismos, pese a los descargos presentados el Juez recurrido los rechazó y dispuso se libre el mandamiento de apremio en contra de su representado, actualmente con facultades de allanamiento, lo que dio lugar a que tanto el padre como los hijos se declaren en la clandestinidad, dado que el único autorizado para recoger a la hija menor Lenny Huaricollo Gutiérrez, es el padre.
Alega que resulta absurdo que su representado siga cumpliendo con el pago de asistencia familiar de los hijos que tiene bajo su guarda, pues la liquidación practicada es de fecha posterior a la Resolución 199/2004, de 10 de septiembre 2004 y no tomó en cuenta que los hijos se encuentran con el padre desde noviembre de 2002; agrega que el mandamiento de apremio dispuesto por el Juez recurrido no tomó en cuenta que los menores se encuentran bajo su custodia, atentando de ese modo contra su derecho a la libertad y al trabajo, provocando que sus hijos queden en total estado de abandono.