SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0477/2006-R

En la demanda  presentada el 26 de julio de  2005  (fs. 11 a 15), el recurrente señaló que adquirió a título de compraventa un terreno de Santiago Castro Contreras, ubicado en la zona Nor Este U.V. 151, manzana 51 lote 5 de la ciudad de Santa Cruz, realizó mejoras en el mismo y tomó posesión, sin embargo dicho lote había tenido  otro propietario, Gonzalo Vicente Rivero Torrez, quien interpuso querella en su contra por el delito de despojo, proceso en el que mediante Sentencia dictada por el Juez  Segundo de Sentencia, Misael Salguero Palma, fue declarado culpable del referido delito, fallo que fue confirmado en apelación.

Arguye que presentó el testimonio  043/2002, como prueba para acreditar su derecho propietario y demostrar que adquirió el terreno de buena fe pero no fue judicializada, por haber sido presentada ante el Juez Segundo de Sentencia fuera del término que otorga la segunda parte del art. 340 del Código de procedimiento penal (CPP), de ese modo no se la tomó en cuenta ni se consideró que ingresó en posesión de buena fe  pagando el justo precio, sin violentar ninguna norma jurídica, únicamente con la venia del vendedor y sin usurpar propiedad alguna.

Arguye que el  referido Juez Segundo de Sentencia, consideró  la prueba presentada de su parte como carente de eficacia jurídica, contrariando lo previsto  en los arts. 171 al 220 del CPP, pasando por alto que dicho documento público  destruye la acusación en su contra y podía conducir al esclarecimiento y conocimiento de la verdad ya que su persona nunca ha violentado norma penal alguna.  Alega que  la falta de valoración  e inobservancia de la prueba presentada ante el Juez Segundo de Sentencia causó su indefensión y vulneró sus derechos a la igualdad de las partes, a la propiedad y a la defensa.

Manifiesta que con tales antecedentes en vista del atropello cometido por el Juez Segundo de Sentencia, interpuso acción civil contra Vicente Rivero Torrez,  reclamando su derecho a las mejoras, toda vez que construyó habitaciones, cocina baño, embardado e instalaciones de agua y luz, pidiendo se lo declare propietario de las mejoras; causa que radicó en el Juzgado Cuarto de Partido en lo Civil, ante quien se encuentra la causa  en estado de dictarse sentencia.

Añade que no obstante el querellante inició una acción de reparación de daños y reivindicación del lote de terreno el mismo que radicó en el Juzgado Tercero de Sentencia a cargo del juez Omar Dorado Severiche, quien fue prevenido sobre la existencia  de la referida acción civil de nulidad de documentos y a quien solicitó se abstenga de su conocimiento en tanto se dilucide el referido proceso, sin embargo el Oficial de Diligencias del Juzgado Tercero de Sentencia procedió  a expulsarlo de su vivienda junto a su familia, pertenencias y demás enseres, por ello su abogado se apersonó para tomar conocimiento  y en el momento de estar obteniendo fotocopias  para las notificaciones  el Juez Tercero de Sentencia ordenó  que no se le notifique  y menos que se le haga entrega de fotocopia alguna hecho sucedido el 19 de junio de 2005, por lo que  el abogado interpuso una denuncia ante el Consejo de la Judicatura. Alega igualmente que el Juez Tercero de Sentencia,  violentó su derecho a la defensa al haber ordenado el desapoderamiento, sin tomar en cuenta que interpuso declinatoria de competencia que hasta la fecha desconoce si fue resuelta o no por dicha autoridad.