SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0561/2006-R

De buena fe el 18 de julio de 2002, adquirió el vehículo tipo ómnibus, marca Mercedes Benz, VIN actual  9BM384091JB818377; empero, dicho vehículo fue decomisado por funcionarios de la Aduana por ser indocumentado, por lo que en forma voluntaria se acogió al programa transitorio, voluntario y excepcional de regularización de vehículos previsto por la Ley General de Aduanas y los Decretos Supremos 27149, de 2 de septiembre de 2003 y 27352 de 4 de febrero de 2004, habilitándose la carpeta de trámite 301A0303994.

Durante el verificativo del citado procedimiento, funcionarios de la Dirección de Investigación y Prevención de Robo de Vehículos (DIPROVE), informaron que la numeración del chasis se encontraba implantado, por lo que se abrió una investigación penal que concluyó con la Resolución de 28 de octubre de 2004, la cual autorizó la continuación del proceso de regularización tributaria, notificándose a la administración aduanera dicha Resolución y no fue objetada.

Afirma que luego el recurrido Gerente Regional de la Aduana consultó al Presidente de la citada entidad, con cuya respuesta el 19 de enero de 2005 determinó dar continuidad a su trámite; sin embargo, en seguida lo paralizó sin ningún fundamento legal, pues a la Aduana no le esta permitido anular, modificar o dejar sin efecto la decisión del Ministerio Público; dicha paralización por más de once meses le causa enorme perjuicio, pues el vehículo era dedicado al trabajo generando ingresos mensuales por Bs28.000.-; además de ello, dado que el Programa de regularización concluye el 30 de septiembre de 2005, existe peligro inminente de daño irreparable, por lo que precisa tutela provisoria a sus derechos.