SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0637/2006-R

III.1. Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, es necesario recordar la jurisprudencia de este Tribunal, con relación a la finalidad de las comunicaciones procesales. Así  la SC 1845/2004-R, de 30 de noviembre, estableció que: “(...) los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos; pues no se llenan las exigencias constitucionales del debido proceso, cuando en la tramitación de la causa se provocó indefensión (art.16.II y IV de la CPE) (...)”.

En ese orden, sobre la exigencia de la notificación legal con la liquidación de asistencia familiar y la resolución de intimación al obligado, previo a expedir mandamiento de apremio, la uniforme y reiterada jurisprudencia constitucional contenida en la SC 0436/2003-R, de 7 de abril, reiterada por las SSCC 558/2004-R y 737/2004-R entre otras señaló que: “(...) este Tribunal en una interpretación estricta de los arts. 149, 436 del Código de Familia (CF) y 11 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), ha dejado establecido que la obligación de cumplir con la asistencia familiar es inexcusable bajo prevención de expedirse mandamiento de apremio, esto porque está vinculada a derechos fundamentales cuyos titulares son menores de edad, a quienes la Constitución en su art. 193, les otorga especial protección. Bajo este entendimiento, la tutela no puede ser otorgada para esquivar dicha obligación.