AUTO CONSTITUCIONAL 271/2006-RCA

         Razones, por las que la problemática presente, se ajusta a lo establecido por el art. 96.2 y 3 de la LTC que indica que este recurso constitucional no procede: “2. (….) contra los actos consentidos libre y expresamente (…)”; y contra “3. Las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimidas aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso”; normativa también aplicable a procesos administrativos de selección de personal como en este caso; y que guarda coherencia con el entendimiento jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, contenido en la SC 1667/2004-R, 14 de octubre, que señaló:: “Esta causal que debe entenderse objetivamente como cualquier acto o acción que el titular del derecho fundamental realice ante la autoridad o particular que supuestamente lesionó el mismo, como también ante otra instancia, dejando advertir o establecer claramente que acepta o consiente de manera voluntaria y expresa la amenaza, restricción o supresión a sus derechos y garantías fundamentales, de modo que no siempre podrá exigirse un acto en el que el titular manifieste textualmente y por escrito que acepta libre y expresamente el acto ilegal u omisión indebida, sino que ello podrá deducirse con los elementos de juicio suficientes del accionar que el titular hubiera tenido a partir de la supuesta lesión de la que hubiesen sido objeto sus derechos y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).