SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0845/2007-R

         En ese sentido, cabe señalar que este Tribunal, en la SC 1542/2003-R de 30 de octubre, entre otras, ha entendido que el derecho a la defensa previsto en el art. 16.II de la CPE supone una “(...) potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

Por otra parte, en el orden constitucional, el derecho a la defensa desde el punto de vista teleológico, ha sido creado para poner de relieve esta garantía fundamental, que debe ser interpretada siempre conforme al principio de favorabilidad, antes que restrictivamente (SC 0136/2003-R de 6 de febrero). El derecho a la defensa se halla íntimamente ligado a la garantía del debido proceso prevista por el art. 16.IV de la CPE, y cuyo entendimiento ha sido desarrollado por este Tribunal a partir del AC 0289/1999-R de 29 de octubre, en el que ya se manifestó que la misma: “(...) exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por Ley”, garantía al debido proceso que es aplicable a los procesos judiciales y administrativos en los que se imponga sanciones.