SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0300/2007-R

Los recurrentes solicitan la tutela de los derechos de la empresa que representan a la seguridad jurídica, al trabajo, a la propiedad privada, a la defensa y al debido proceso, consagrados en los arts. 7 incs. a), d) e i) y 16 de la CPE; los que consideran vulnerados por los recurridos con los siguientes actos: i) Mediante la Sentencia Agraria Nacional S2ª 023/2005 declararon improbada la demanda contencioso administrativa interpuesta contra la RA RA-SS 2484/2004, sin tomar en cuenta que el procedimiento administrativo que dio lugar a dicha Resolución Administrativa, no valoró correctamente el cumplimiento de la función económica y social a que destinó su mandante el predio “Ingavi”, y que fue demostrado en las pericias de campo, aunque no documentalmente, porque no existía normativa para tramitar el plan de manejo forestal, por lo que debió darse validez a las pericias de campo; y ii) El derecho propietario emergente de una Sentencia emitida el año 1991 por el Juez Agrario, fue desconocido al haber restado validez a dicha Sentencia, en forma equivocada, pues hacen referencia a que hubiera sido anulada por una Resolución Suprema, que es un Auto del Consejo Nacional de Reforma Agraria, referido a otro proceso. En consecuencia, en revisión de la Resolución del Tribunal de amparo, corresponde dilucidar, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales de la sociedad mandante de los recurrentes, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.