SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0317/2007-R

           El derecho de petición invocado como lesionado por la recurrente, ha sido definido por la SC 0981/2001-R de 14 de septiembre como la “(...) facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho”; sin embargo, para considerarse vulnerado este derecho o ante la existencia de un posible silencio administrativo negativo o una omisión indebida por parte de los recurridos al no dar la respuesta a lo solicitado, se aclara que el solicitante, al margen de acreditar la presentación de la solicitud o reclamo a la autoridad pertinente y demostrar que no ha recibido respuesta alguna, debe acreditar haber agotado todas las instancias y exigido la “(...) extenuación idónea de los medios o recursos en cada una de las instancias (...)” (SC 0492/2003-R de 15 de abril), caso contrario el recurso debe ser declarado improcedente en base al principio de subsidiariedad. En concordancia con lo anterior y siguiendo el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, se concluye que para alegar la violación del derecho a formular peticiones, corresponde a la recurrente demostrar los siguientes hechos: