SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0326/2007-R

III.2. Habiéndose establecido que los hechos denunciados por el recurrente se encuentran dentro de la protección que brinda el presente recurso, corresponde determinar si los actos de la autoridad recurrida, que a decir del recurrente son ilegales, vulneraron sus derechos, a cuyo efecto es preciso remitirnos a la normativa aplicable para el traslado de los detenidos. Al efecto se tiene que el Tratado suscrito entre Bolivia y Chile sobre transferencia de personas  condenadas, de 22 de febrero de 2001, establece en el art. II, numeral 2 que: “Las penas impuestas en Chile a nacionales de Bolivia podrán ser cumplidas en establecimientos penitenciarios de Bolivia” y en su art. III dispone que: “Las solicitudes de traslado y las respuestas se formularán por escrito a través de las Autoridades Centrales de cada Estado. Al efecto la Autoridad Central en la República de Bolivia es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y en la República de Chile el Ministerio de Justicia”. Asimismo, el art. X del citado Tratado determina que: “El Estado trasladante mantendrá jurisdicción exclusiva respecto a todo procedimiento que tenga por objeto impugnar, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por sus tribunales. Sólo el Estado trasladante podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta”.

         Por otra parte, el art. 428 del CPP establece que: “Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución”. Así también el art. 429 del citado cuerpo normativo establece: “El condenado durante la ejecución de la condena tendrá los derechos y garantías que le otorgan la Constitución, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. A este efecto planteará ante el juez de ejecución penal las peticiones que estime convenientes”.

         El art. 18 de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión (LEPS), establece que: “El Juez de Ejecución Penal, y en su caso, el Juez de la causa, garantizarán a través de un permanente control jurisdiccional, la observancia  estricta de los derechos y garantías que consagran el orden constitucional, los Tratados y Convenios Internacionales y las Leyes, a favor de toda persona privada de libertad”. El art. 19, dispone que: “El Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar: La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y los incidentes que se produzcan durante su ejecución”. De otro lado, el art. 48.13 de la LEPS establece que es competencia del Director General del Régimen Penitenciario: “Solicitar al Juez de Ejecución Penal el traslado de internos de un Distrito a otro, por razones de seguridad o hacinamiento”.