SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0649/2007-R

Los recurrentes arguyen que  se han lesionado los derechos  de sus mandantes a la seguridad jurídica, al trabajo, “a la tutela judicial efectiva”, el principio de legalidad, la garantía del debido proceso y a la inamovilidad funcionaria, al haber emitido las autoridades judiciales recurridas el Auto Supremo 317 de 8 de noviembre de 2005, por el que anularon todo lo obrado en el proceso laboral que siguieron contra el SEDES de Oruro para ser reincorporados a sus fuentes de trabajo, con el argumento de ser funcionarios públicos que no están sujetos a la Ley General del Trabajo, cuando conforme a Ley es todo lo contrario. Corresponde establecer, en revisión, si en este caso es posible otorgar la tutela impetrada.