SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1693/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega la vulneración de los derechos de su representado, a la “seguridad jurídica”, a la seguridad social, a la salud, a la vida y a la dignidad, por cuanto su salud, se halla deteriorada por una “enfermedad neoplásica carcinoma de células claras pobremente diferenciadas metastático de riñón” (sic), razón por la que reclamó la cancelación de la renta de invalidez ante  la AFP Futuro de Bolivia S.A., petición que no fue atendida, no obstante de contar con dictamen médico que establece una invalidez del 66%, señalando que en tanto el empleador -Universidad Mayor de San Simón- (UMSS) se encuentre en mora, no se puede atender su solicitud, más aún cuando se encuentra pendiente de resolución una acción ejecutiva social de cobro que se halla en etapa de apelación ante la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, hecho refrendado por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros, desconociendo ambas entidades, la jurisprudencia constitucional que establece la supremacía de la salud y la vida. En consecuencia, se procederá a analizar si en el presente caso corresponde o no la concesión de la tutela solicitada.