SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1913/2010-R

Ahora, de los documentos del proceso, y de lo desarrollado en la audiencia de amparo, se puede observar que el petitorio del accionante se centra específicamente en que el fallo del Juez Sexto de Instrucción en lo Penal codemandado, y la Resolución de los Vocales codemandados, vulneraron el debido proceso al declarar procedente la excepción de falta de acción propuesta por los imputados, y determinar el archivo de obrados, cuando el delito que se trataba dentro del referido proceso penal es un delito de acción pública, es decir, que aunque su papel de víctima estuviera en entredicho, o se hubiera probado que el mandante del accionante no tenía legitimación activa dentro del referido proceso penal por no ser la víctima directa de los actos denunciados.

De lo anteriormente expuesto, tenemos que el accionante reclama específicamente el derecho del Ministerio Público para proseguir el desarrollo del litigio, es decir, no solicita la tutela de un derecho propio, por lo que en el caso concreto el legitimado para solicitar la tutela no era la parte accionante, sino el Ministerio Público. Por este motivo no es posible analizar el fondo de lo planteado.