SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1928/2010-R
Fecha: 25-Oct-2010
1) Del Acta de Intervención GRORU-PISOF-002/08.
El recurrente expresa que mediante Acta de Intervención GRORU-PISOF-0002/08, se evidencia que en fecha 9 de marzo de 2008, en la localidad de Pisiga, autoridades aduaneras, se hicieron presentes en los ambientes de las vivienda de funcionarios de la Aduana Nacional, para informar sobre la retención con fines investigativos del camión con acoplado, con placa de control 1245-CAE; como consecuencia de este hecho, técnicos aduaneros constataron que se trataba de un camión con acoplado encarpado con precintos de Aduana Chilena, identificándose a dos personas que al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga. Señala que finalmente, luego de una persecución se logró trasladar el vehículo a recinto aduanero de ALBO, lugar donde se encontró el fólder con documentos presuntamente falsos.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- 1) Del Acta de Intervención GRORU-PISOF-002/08.
- 2) En cuanto a la imputación formal y la resolución de sobreseimiento
- 3) En cuanto a la decisión del Fiscal de Distrito
- a)
- Precisan además que el vehículo no ingresó a control de Aduana Boliviana, no registró su inicio de tránsito aduanero en el sistema SIDUNEA, no registró peso en recinto aduanero, aspectos que el Ministerio Público no investigó en esas dos semanas
- dejando de lado el elemento principal que es el Acta de Intervención”
- I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio
- d)
- e)
- 4)
- II.4. Resolución de sobreseimiento
- objeto
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- “recurso de
- “accionante”
- recurso de amparo constitucional
- Fragmento 18
- cuyo rol adquiere una relevancia aún mayor en la etapa previa a la del juicio, toda vez que la recolección de elementos de juicio es determinante para el desarrollo de un juicio oral, público y contradictorio,
- se tiene que la teleología del principio de objetividad regulada por el art. 5 de la LMP, es precisamente asegurar una búsqueda imparcial de elementos probatorios para fundar una acusación penal, labor que implica en esta etapa de recolección, un rol activo del Ministerio Público, es decir, que la prosecución de la causa o en su caso el sobreseimiento por falta de medios probatorios que funden una acusación penal, solamente puede ser consecuencia de una exhaustiva labor investigativa que asegure ese principio de objetividad disciplinado en el art. 5 de la LMP.
- Fragmento 21
- III.4.1 El Juez cautelar en materia penal y su rol procesal
- III.4.2 El amparo constitucional y el principio de subsidiaridad
- Fragmento 24