SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2056/2010-R
Fecha: 10-Nov-2010
III.9. Actuación del Tribunal de Garantías Constitucionales
El Tribunal de Garantías, mediante Resolución 227/07 de 16 de julio de 2007, concede en parte la tutela, en relación a Rosario Canedo Justiniano, Beatriz Sandoval de Capobianco, Ministras de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Lourdes Velasco Caballero, Percy Solares Chávez, Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito de Beni y deja sin efecto el Auto Supremo de 18 de noviembre de 2006 y el Auto de Vista 057/05 de 27 de abril de 2005, disponiendo se dicte un nuevo Auto de Vista conforme a derecho, subsanando las omisiones establecidas en la presente Resolución. Asimismo, declaran improcedente el amparo constitucional en relación a la Sala Penal Tercera de Cochabamba y los Jueces Técnicos Marlene Arteaga Vaca, Teddy Vargas Ojopi y en relación a los Jueces Ciudadanos Albertina Yumacale Fernández, Margarita Yujo Maguana y Ricardo Moye Guayabi.
Empero, considerando que se ha evidenciado vulneración al debido proceso en su elemento motivación y además se ha verificado omisión valorativa directamente vinculada al elemento motivación, tal como se expresa en los Fundamentos Jurídicos III.8.1, III.8.2. y III.8.3., esta valoración motivada de la prueba debe realizarla el propio Tribunal de Sentencia, por tanto, el Tribunal de garantías, al haber concedido en parte la tutela y solamente en relación a las Ministras de la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia y en cuanto a los Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia, valoró parcialmente los antecedentes.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo,
- 1) Actos denunciados como lesivos a los derechos de la recurrente cometidos por el Tribunal Segundo de Sentencia
- justificar y fundamentar que la muerte de
- i)
- 2) Actos lesivos cometidos por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Distrito de Cochambamba
- 3) Actos lesivos cometidos por los Vocales de la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito de Beni
- a)
- I.1.3. Autoridades recurridas
- 1)
- concedió en parte
- Fragmento 11
- Fragmento 12
- 2)
- b)
- objeto
- III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
- III.2. Armonización de términos procesales
- III.3. Las decisiones judiciales y la calidad de cosa juzgada
- las sentencias que cumplen los requisitos de formación señalados (respeto a derechos fundamentales), adquieren validez jurídica y se encuentran investidas de la autoridad de la cosa juzgada, situación en la cual el control de constitucionalidad, en resguardo de la seguridad jurídica es absolutamente improcedente. En contrario sensu, la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, ya que en este caso, esta decisión solo reviste una calidad de cosa juzgada aparente.
- por tanto, si a través de los mecanismos internos de cuestionamiento a decisiones judiciales no se ha restituido el derecho al debido proceso, los afectados tienen la facultad de activar el control de constitucionalidad a través del amparo constitucional para lograr la nulidad de la decisión judicial contraria a la Constitución por vulnerar derechos fundamentales reconocidos y garantizados por ella.
- III.4.Características y fines del control de constitucionalidad
- siempre y cuando, los mecanismos internos para el cuestionamiento de las mismas no hayan brindado la tutela debida,
- III.7. Evolución de la jurisprudencia constitucional
- Entendiéndose que el defecto sustantivo se configura siempre que la decisión se encuentre fundada en una norma claramente inaplicable al caso concreto.
- justificar y fundamentar
- y la fundamentación o motivación
- a) debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado, requisitos que además adquieren mayor trascendencia en materia penal, máxime, cuando existe una sentencia condenatoria.
- a) Exista un apartamiento flagrante de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y objetividad; ó b) La autoridad jurisdiccional o administrativa, incurra en una conducta omisiva, que se traduzca en tres aspectos concretos a saber: i) no recibir los medios probatorios ofrecidos, ii) no compulsar los medios probatorios producidos; iii) no asignación de valor probatorio a los medios de prueba ofrecidos y producidos,
- debe señalarse que existe una estricta vinculación entre la omisión valorativa de prueba y la violación al derecho a la motivación de toda resolución jurisdiccional o administrativa, ya que tal como se señaló, entre los requisitos que debe tener toda decisión para garantizar el derecho a la motivación, se encuentra
- III.8.3 Análisis del caso de autos
- III.9. Actuación del Tribunal de Garantías Constitucionales
- POR TANTO