SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2277/2010-R
Fecha: 19-Nov-2010
III.4. El derecho de petición
Al respecto la doctrina señaló: “El derecho constitucional de petición no es otra cosa que el derecho de comparecer ante la autoridad. Su origen, esencialmente privado, lo configura, apenas, como prerrogativa individual (“Private bill”). Solo al adquirir mayor trascendencia va a ser encarado como un beneficio de interés común (“Right of petition”)”, en cuanto a su relación con el órgano Ejecutivo, refiere que el derecho de petición “…ha visto debilitada su importancia ante el Ejecutivo, en razón de no existir una ley reglamentaria del mismo que cree un deber correlativo de expedirse de parte del poder-administrador,…”. (Eduardo J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Tomo I, La Constitución y el Proceso Civil, Tercera Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1998, página 34 y 37).
El derecho a petición, formulado ante instancias administrativas u órganos jurisdiccionales, significa que el servidor público o privado al cual va dirigida está obligado a dar respuesta, que debe generar satisfacción de parte de quien la recibe y que permita afirmar que el derecho de petición tiene un sentido, eficacia, que es un instrumento realmente dinámico. La petición necesita ser contestada, argumentada, lo que implica ser atendida, sin que admita el silencio como respuesta o la respuesta sin motivación.
- recurso de amparo constitucional, ahora acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan el recurso
- I.1.3. Autoridades y personas recurridas y petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
- concedió
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.2.
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Sujeción de la actuación del Tribunal Constitucional a la Constitución Política del Estado vigente desde el 7 de febrero de 2009
- “accionante”
- “conceder”
- III.3. Naturaleza jurídica del recurso de amparo constitucional, hoy acción de amparo constitucional
- correspondiendo solamente analizar los actos en los cuales hubiera existido un acto ilegal u omisión indebida que lesione derechos fundamentales del accionante;
- III.4. El derecho de petición
- III.4.1. Marco legal
- consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado,
- lo que significa que el Estado mediante sus instituciones-incluidas las entidades autónomas- está obligado a resolver la petición, decisión que no necesariamente debe ser positiva respecto al pedido o reclamación planteados”.
- a) La formulación de una solicitud expresa en forma escrita ante autoridad pertinente o competente. b) Inexistencia de respuesta en un tiempo razonable o en el plazo señalado por ley; c) Agotamiento de todas las vías o instancias idóneas para exigir respuesta a la petición.”
- III.5. Análisis del caso concreto
- APROBAR