SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2405/2010-R

En el presente caso, la jurisprudencia desarrollada en los puntos III.2 y III.3 de la presente sentencia constitucional son aplicables a la problemática planteada, puesto que por un lado, los argumentos utilizados por la autoridades judiciales demandadas tienen respaldo jurisprudencial que se encuentra vigente, como se tiene explicado, no siendo evidente que para pedir la cesación de la detención preventiva, en el marco del art. 239  incs. 2) y 3) del CPP, únicamente se considere el plazo de dicha detención, pues la citada SC 805/2010-R señaló que: “las autoridades jurisdiccionales tienen la plena potestad de exigir el cumplimiento de ciertas formalidades procesales a fin de garantizar la presencia del procesado o condenado en el proceso; y si bien es cierto que la SC 0947/2001-R exigía únicamente el transcurso del tiempo para la viabilización de la cesación de detención preventiva por la causal comprendida en el inc. 3) del art. 239 del CPP, no es menos evidente que los alcances de dicho fallo fueron modulados de manera general por la SC 0034/2005-R de 10 de enero, que establece que es el imputado quien debe demostrar con los elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva, han sido modificados o ya no existen, aspectos que no sólo serán valorados por el juez cautelar sino por el propio tribunal de alzada que conozca en apelación la Resolución que conceda o rechace la cesación de la detención preventiva, cual aconteció en autos. Así se explicó a través del Auto Constitucional 0005/2006-ECA de 20 de enero” (el resaltado es nuestro).