SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2663/2010-R

El recurrente, ahora accionante, alega la vulneración de su derecho a la “seguridad jurídica” y la garantía del debido proceso, puesto que, como resultado de una denuncia interpuesta por su persona ante el Ministerio Público, la Fiscal asignada al caso imputó formalmente a Walter Encinas Flores por la supuesta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, razón por la cual el imputado solicitó la extinción de la acción penal por prescripción penal, pedido que fue declarado improbado mediante Auto Interlocutorio motivado 138/2008, disponiendo la prosecución de la investigación hasta su conclusión, Resolución que fue objeto de apelación por parte del imputado, y resuelta por las autoridades recurridas, ahora demandadas, quienes declararon probada la extinción de la acción penal mediante la Resolución 13/2008, vulnerando sus derechos. En consecuencia, corresponde en revisión, analizar si en este caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.