SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2842/2010-R

El recurrente señala que las resoluciones dictadas por las autoridades recurridas vulneran los derechos de la Aduana Nacional de Bolivia a la “seguridad jurídica”, al debido proceso, al acceso a la justicia y el principio de legalidad, porque dentro de un proceso penal instaurado por el delito de contrabando, dieron curso a la solicitud de la extinción de la acción penal por prescripción, formulada por los procesados, puesto que efectúan una errada interpretación de las normas procesales de la materia, así como de Sentencias Constitucionales, y tampoco consideraron la actitud dilatoria en la que incurrieron los imputados, pero además tomaron en cuenta el inicio del cómputo el 6 de noviembre de 2002, cuando lo cierto es que la notificación con la imputación formal se produjo el 4 y 10 de noviembre de 2004. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales a fin de otorgar o denegar la tutela solicitada.