SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0115/2010-R

Con los antecedentes expuestos precedentemente, el recurrente, interpone recurso de hábeas corpus contra Héctor Sandoval Parada, Jaime Ampuero García, Emilse Ardaya Gutiérrez, Eddy Walter Fernández Gutiérrez, Teófilo Tarquino Mújica y Hugo Roberto Suárez Calbimonte; Carmen Sonia Villar de Bause, Jorge Aillón Zambrana, Wilfredo Patiño Soria, Santiago Berríos Caballero, Ramiro Samos Oroza y William Caba Figueroa, Ministros y Conjueces respectivamente, de la Corte Suprema de Justicia; solicitando se declare procedente el recurso y se disponga: a) Declarar ilegales, nulas y sin efecto alguno, la Resolución de 22 de enero de 2008, la Sentencia y el mandamiento de condena de 7 de marzo de 2007; y, b) Pronunciar nueva resolución con respecto a la excepción de prescripción de la acción penal.

El recurrente, ratificó el memorial del recurso y añadiendo dijo: a) El Ministerio Público, establece de manera precaria la fecha de la supuesta comisión del delito, siendo que hasta la actualidad han transcurrido dieciséis años; b) La Corte Suprema se ampara en una ley abrogada para perseguir a un ciudadano, afectando el estado de derecho que actualmente está cuestionado; y, c) No existe una norma o línea jurisprudencial que ampare la aplicación de una ley abrogada, lo que contraviene los más elementales derechos constitucionales a la defensa, libertad y debido proceso.

Por su parte, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, señaló: “Consiguientemente, a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) El acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) Debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”.