SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0115/2010-R

El recurrente, denuncia la conculcación de sus derechos, a la libertad, a la defensa y de la garantía del debido proceso, señala que el 13 de junio de 2007, fue ilegalmente acusado en juicio de responsabilidades, que fue hecha de manera conjunta con el ex Prefecto del departamento de Tarija, Gustavo Aguirre Pérez; señalando, que presentada la acusación dentro del juicio oral, opuso el 22 de enero de 2008, excepción de extinción de la acción por prescripción, en razón de que desde la supuesta comisión de los hechos delictivos que datan de las gestiones 1991 y 1992 a la fecha de la audiencia de juicio oral, han transcurrido dieciséis años. El Tribunal del juicio rechazó la excepción, indicando que la extinción por prescripción fue interrumpida el 3 de octubre de 1995; como consecuencia de esa Resolución interpuso recurso de amparo constitucional contra los Ministros y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, constituidos en Tribunal de juicio oral; tramitado que fue el mismo en la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Chuquisaca en su calidad de Tribunal de garantías, se denegó, hasta que finalmente el Tribunal del juicio oral, dictó Sentencia el 7 de marzo de 2008, condenándolo a ocho años de reclusión, que son ilegales porque los supuestos hechos delictivos transcurrieron hace dieciséis años atrás, ejerciendo el Estado un derecho jurisdiccional ilegal, por cuanto la extinción de la acción penal por prescripción fue indebidamente rechazada, aplicando una ley de orden procesal penal y otra de orden sustantivo que no se hallaban vigentes; sostiene que la supuesta comisión del delito, data de 1991 a 1992, estando vigente el Código de Procedimiento Penal de 1972; empero, al momento de resolver la excepción de extinción se aplicó la norma derogada, siendo lo correcto aplicar el nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley 1970). Corresponde analizar en revisión, si en el presente caso se debe otorgar o no la tutela solicitada.