SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0198/2010-R
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0198/2010-R

Fecha: 24-May-2010

III.4.

III.4.   En el caso que se examina se constata que el accionante solicitó reiteradas veces al Director Funcional de la Investigación, la devolución de su camión adjuntando documentación que acredita su legítima posesión y derecho propietario, sin que esta autoridad emita una respuesta o requerimiento debidamente fundamentado, razón por la cual, acudió ante el Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal, quien conoce el inicio de la investigación, a efectos de solicitar la devolución del vehículo; autoridad que mediante Resolución 115/2006, dispuso la devolución del vehículo; ésta decisión fue apelada por la Gerencia Regional de la Aduana de La Paz y revocada por las autoridades ahora demandadas (Sala Penal Tercera), quienes fundamentan que el accionante no es parte del proceso, que no acreditó derecho propietario y finalmente, alegan que la Jueza cautelar al disponer la devolución del motorizado, actuó sin competencia; sin embargo, aclarar lo siguiente: Conforme establece el segundo párrafo del art. art. 186 del CPP: Los semovientes, vehículos y bienes de significativo valor serán entregados a sus propietarios o a quienes acrediten la posesión o tenencia legítima, en calidad de depositarios judiciales después de realizadas las diligencias de comprobación y descripción”. En este sentido justamente el accionante acudió ante el Juez controlador de derechos y garantías fundamentales, quien dentro de sus facultades y al evidenciar las distintas peticiones del ahora accionante, para la devolución de su camión y la acreditación de su derecho propietario, dispuso la devolución de su motorizado, justamente precautelando los derechos fundamentales del mismo, siendo competente para conocer aún, las peticiones de un tercero que no es parte del proceso para la devolución de algún bien como sucede en el presente caso, consiguientemente, las actuaciones del Juez a quo, se encuentran enmarcadas dentro de lo que establece la ley.