SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0255/2010-R

Desde la óptica del Estado Social y Democrático de Derecho, pilar esencial sobre el cual basa su estructura el Estado Plurinacional boliviano, el debido proceso en su faceta adjetiva aplicable a la esfera administrativa, es definido como el conjunto de reglas, formas, actos y presupuestos procedimentales previos establecidos por la normativa vigente, cuyo cumplimiento aseguran que la administración pública, en el ejercicio de la potestad administrativa, someta sus actuaciones al "principio de legalidad", presupuesto que constituye otra de las piezas estructurales del Estado Plurinacional boliviano.

En el marco de lo señalado precedentemente, se establece que las reglas del debido proceso en la esfera administrativa, aplicables para cuestionar actos administrativos con calidad de "firmeza", por haberse agotado todos los mecanismos administrativos de impugnación, prevén para las personas afectadas con dichos actos, la activación de un proceso jurisdiccional, en virtud del cual sean oídos y juzgadas los hechos y fundamentos del acto administrativo de manera amplia y con todas las garantías propias de una administración de justicia, imparcial e independiente, en ese contexto, las reglas del debido proceso, mandan impugnar actos administrativos "firmes" a través del proceso contencioso administrativo, mecanismo, que en el momento de la interposición del recurso, ahora acción, estaba plenamente vigente, constituyéndose por tanto en el mecanismo idóneo para restituir derechos que pudieron haber sido afectados por actos administrativos "firmes".