Sentencia: 0425/2010-R

En la labor interpretativa, deben entenderse las normas como instrumentos al servicio de la justicia, asumiendo la sujeción directa de éstas a las directrices superiores contenidas por los valores y principios constitucionales -normas primarias-. El propósito principal del pesado y burocrático aparato denominado órgano Judicial y del propio Estado, es lograr la convivencia pacífica basada en la justicia y la legalidad. Entendimiento distinto no sólo sería contrario a la más elemental concepción sobre la dignidad humana, que de acuerdo al art. 22 de la CPE, es inviolable y su respeto y protección es un deber primordial del Estado.

La interpretación en perjuicio del accionante (antes recurrente), se inscribe en la doctrina de la vieja escuela del derecho legislado, retrotrae el progreso logrado por el Derecho Judicial -o Jurisprudencial-; ata de pies y manos al máximo intérprete de la Constitución, limitando su accionar, hasta el grado de impedir que sea el instrumento efectivo de trasformación del Estado, rol para el que precisamente fue concebido y constituido.

El derecho positivo se agota en la ley, es decir, las normas emanadas del Estado”. Esta tesis fue aplicada con mayor énfasis en el ámbito jurisdiccional, en el que la interpretación constitucional fue casi nula, toda vez que, bajo el influjo del “legiscentrismo” francés el Juez consideró que estaba obligado y vinculado a la Ley que es la expresión de la voluntad popular, por lo mismo su función era aplicar la ley sin restarle o agregarle absolutamente algo;

En la labor de interpretación constitucional, la jurisdicción constitucional, emplea los principios, métodos y criterios de interpretación establecidos en la doctrina del Derecho Constitucional contemporáneo, diferentes a los que se empleó en la interpretación legal del Derecho Privado. (José Antonio Rivera Santibáñez. La Justicia Constitucional en Bolivia 1998-2003 Pag. 351, 352. Editorial Talleres Kipus. Cochabamba - Bolivia 2003)