SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0573/2010-R

El recurrente por su representado, señala que, el 4 de octubre de 2006, mediante Auto Supremo 384-E, las autoridades recurridas, conformando la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia, le negaron la solicitud de la extinción de la acción penal sin motivación alguna en su Resolución, cuando él demostró fehacientemente que la dilación es atribuible al órgano estatal, omitiendo especificar los hechos que motivaron la dilación del proceso supuestamente atribuibles al excepcionante, además, de confundir las figuras de la prescripción del delito con la duración máxima del proceso, vulnerando de esta manera sus derechos a la “seguridad jurídica”, a la defensa, a la justicia pronta e igualitaria, a la libertad, a la dignidad y al debido proceso. Corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del representado del recurrente, a fin conceder o denegar la tutela solicitada.