SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1368/2010-R

El recurrente, ahora accionante, sostiene que las autoridades judiciales demandadas lesionaron su derecho a la propiedad privada y a la seguridad jurídica por cuanto para la subasta y remate de los bienes dados en garantía hipotecaria no aplicaron el art. 51.I del CPC, que dispone que con carácter previo se proceda a la tasación de los bienes y, al contrario, aplicaron el art. 534 del CPC, utilizando como base de la subasta la valuación fiscal. En consecuencia, corresponde analizar si lo alegado por el accionante es evidente para conceder o denegar la tutela solicitada.