Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1428/2011-R
Fecha: 10-Oct-2011
II.2.
II.2. Mediante acta 05/2009, de Zenaida Martínez Palacios, Notaria de Fe Pública de Primera Clase 22, el 17 de julio de 2009, a solicitud verbal del abogado, Luis Francisco Subirana Revilla, apoderado legal de Verónica Karina Leytón Rivera y José Luis Padilla Cerezo, se constituyó al inmueble ubicado en avenida Hernando Siles 666, propiedad de Lucy Marina Hernández Alanez a objeto de dar fe pública y legalidad al acto de verificación de cierre de la tienda de referencia, misma que no se pudo abrir por encontrarse cerrada con un candado que no corresponde a las llaves de los inquilinos (fs. 3).
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- 1)
- i)
- concedió en parte
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- se ha establecido que de manera excepcional procede la tutela directa e inmediatamente, aún prescindiéndose de la naturaleza subsidiaria de esta acción, cuando se advierta que existe lesión evidente al derecho invocado o se haya ocasionado un daño irreparable, al tratarse de medidas de hecho cometidas ya sea por autoridades públicas o por personas particulares.
- SC 0832/2005-R
- Debe existir una debida fundamentación y acreditación objetiva de que efectivamente se está frente a una medida de hecho o justicia a mano propia, donde el agraviado o accionante se encuentre ante una situación de desprotección o desventaja frente al demandado, o agresor, sea autoridad, funcionario o particular o grupo de personas, por la desproporcionalidad de los medios o acción;
- III.2 Análisis del caso concreto
- la demandada al haber realizado actos de abuso de poder, habiendo impedido el normal funcionamiento del punto de llamadas “Tigo” e internet, en su calidad de propietaria del ambiente en cuestión, puso a la parte accionante en desventaja, en vez de acudir a una autoridad competente que ponga fin al conflicto, mediante los medios legales previstos por nuestro ordenamiento jurídico, situación que
- APROBAR