SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1503/2011-R

El accionante alega que los derechos de su representado a la libertad, “seguridad jurídica”, defensa, igualdad de las partes, garantía al debido proceso y al principio de legalidad, se vulneraron por los Jueces demandados, quienes emitieron una mandamiento de condena el 20 de septiembre de 2010 contra su defendido, más la correspondiente orden instruida disponiendo su cumplimiento a cualquier autoridad habilitada por ley, en la que se imponía una sanción de dieciséis años de presidio, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, pronunciada en el Distrito Judicial de Cochabamba, a pesar de tener conocimiento que en el Distrito Judicial de Beni, se le seguía un proceso penal por la supuesta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y falsedad material; cuyo mandamiento de condena se ejecutó por el Funcionario policial codemandado, empero el Tribunal de Sentencia de San Borja -donde radicó la acusación contra su representado- dispuso su permanencia en dicha sede judicial entre tanto se sustancie el proceso penal. Corresponde, en revisión, analizar si lo demandado se encuentra dentro de los alcances de la acción de libertad.